Elbia Pereira, presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de la Enseñanza (FUM-TEP) fue la encargada de dar apertura a la actividad. Valoró la participación de los exponentes así como la mancomunión de todos los sindicatos de la enseñanza detrás de la defensa de la educación pública. 

La economista Alejandra Picco abrió el análisis refiriéndose a la forma y el contenido del proyecto de ley. "Lo primero que hay que decir es que se están tratando temas que no son de urgencia y la segunda objeción que tenemos es el momento en que se está discutiendo esta Ley, en medio de una pandemia", valoró. Para la investigadora del Instituto Cuesta-Duarte los temas que ahora importan son cómo salvaguardar a aquellos que tienen peores condiciones para afrontar la crisis, por esta razón es paradójico que, en esta coyuntura, se intente reducir el Estado.

A continuación disertó el doctor en ciencias sociales Pablo Martinis. A propósito de la génesis del proyecto comentó: "Las propuestas que están contenidas en la ley expresan características de planteos de sectores conservadores. Ahí hay una matriz ideológica que hay que entender, para entender los cambios que se están planteando". Por otra parte sostuvo que en materia de educación lo que se propone es una "profunda reforma"; en ese sentido recordó el libro del actual ministro de Educación, Pablo Da Silveira, llamado La segunda reforma. "Hay una falsa idea que se ha instalado desde organizaciones de derecha, por ejemplo desde Eduy21, que hay un problema de gobernanza. No hay base empírica para sostener esto, al contrario, la participación docente ha sostenido el sistema" concluyó Martinis.

Por su parte el abogado laboralista Daniel Parrilla comentó que al menos tres aspectos de la norma atacan el derecho a protesta: El capítulo de seguridad (que ocupa una cuarta parte de todo el articulado), y los artículos que limitan el derecho a huelga y los piquetes. Para el abogado se generan nuevos delitos que claramente pueden darse en circunstancias de una manifestación y agregó: "el derecho de huelga es un derecho humano fundamental. Un tema como la reglamentación sindical de ninguna manera puede estar regulado por una Ley de Urgente Consideración. Evidencia un profundo desprecio por este derecho". Antes de cerrar su alocución sentenció que la protesta social en este proyecto de ley, se reglamenta, se limita y se reprime.

José Olivera, presidente de la FeNaPES cerró la actividad refiriéndose al espíritu refundacional de la LUC y su mirada conservadora.

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