Reivindicar el 6% del PBI para la ANEP y el 1% para la Udelar no es una consigna sectorial, es una decisión estratégica para el desarrollo nacional. La educación pública requiere un presupuesto acorde a las transformaciones estructurales que demanda la construcción de una sociedad democrática, justa y soberana.

Estas 15 propuestas concretan el sentido de esa inversión. No son un listado técnico: son una hoja de ruta política para reconfigurar el lugar de la educación en el proyecto nacional.

1. Universalizar el acceso a la educación pública desde la primera infancia hasta el nivel terciario, con continuidad garantizada y sin exclusiones territoriales o sociales.
2. Erradicar el hacinamiento y el deterioro edilicio mediante un plan nacional de infraestructura que contemple construcción, mantenimiento y ampliación de centros educativos.
3. Establecer el cargo docente de 20 horas con salario digno, como base de la profesionalización de la enseñanza y condición para una dedicación pedagógica real.
4. Implementar una política nacional de formación permanente gratuita para docentes, con acceso a posgrados, materiales y acompañamiento institucional.
5. Conformar equipos multidisciplinarios estables en todos los centros educativos (psicología, trabajo social, psicopedagogía) para acompañar integralmente a las comunidades.
6. Fortalecer la educación media como etapa formativa integral, no subordinada a la empleabilidad inmediata ni a la fragmentación curricular por competencias.
7. Garantizar un Plan Nacional Único de Educación Media que integre diversas modalidades sin segmentar saberes ni expectativas educativas por origen social.
8. Democratizar el acceso al conocimiento en todas sus dimensiones: científico, humanístico, artístico, tecnológico y ciudadano.
9. Eliminar progresivamente todas las transferencias de fondos públicos a instituciones educativas privadas, consolidando un único sistema estatal financiado por el Estado.
10. Dotar a la educación pública de un presupuesto planificado plurianual que garantice estabilidad, sostenibilidad y previsibilidad en el desarrollo institucional.
11. Invertir en bibliotecas, laboratorios, tecnología educativa y recursos pedagógicos como componentes esenciales del derecho a aprender.
12. Asegurar políticas de bienestar estudiantil: alimentación, transporte, acceso a dispositivos tecnológicos, conectividad y salud integral.
13. Impulsar una educación con perspectiva de derechos humanos, género, ambiente y diversidad, como pilares de una ciudadanía crítica y solidaria.
14. Fortalecer la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica como referentes nacionales en la democratización del saber y la producción científica.
15. Reconocer a la educación como factor central en una estrategia de desarrollo soberano, basada en el conocimiento, el trabajo digno y la integración regional.