Primavera rota, Daniel Guasco.

Los estudiantes nuestros de cada día y la primavera rota

Prof. Daniel A. Guasco

Por orden directa del Poder Ejecutivo­léase Presidente de la República (en la actual Presidencia, nada se hace sin su aprobación), en forma violenta­ como era de esperar por parte de la policía militarizada, el pasado 22 de setiembre, día del Maestro, se desocuparon las oficinas centrales de CODICEN, dónde los estudiantes se encontraban movilizados.
Ya en oportunidad de las primeras ocupaciones de liceos Miranda, finales de agosto y principios de setiembre, la Ministra de Educación y Cultura, solicitó vía telefónica al CES, procediera a solicitar la desocupación del centro de estudios.
El Consejo de Secundaria se opuso en pleno, esgrimiendo las razones que debenprimar en estas ocasiones: la tradición de diálogo, de comprensión que debentener las autoridades de la educación en todo momento y no sólo con estudiantes, pero en particular con ellos, respetando así y además, la alegría con que los mismos defienden a su modo, y cómo lo hicimos muchos de los que hoy ocupamos cargos, los principios históricos del estudiantado uruguayo, que son además, los de la izquierda.
Ese diálogo que el CES sostuvo en los liceos ocupados, con los jóvenes, y sin intervención ni política ni policial, propició junto a la voluntad de los estudiantes, salidas acordadas en los tiempos necesarios.

La ignorancia de esta singularidad de trato que sosteníamos desde el CES, por parte de las autoridades ministeriales, así como desconocer que no hay norma legal que regule este tipo de situaciones, y que además, no es aplicable el decreto correspondiente a ocupaciones de trabajadores, presagiaba­ como ya había sucedido con la esencialidad, la falta de interés y de tacto para dialogar por parte del Poder Ejecutivo, con trabajadores y estudiantes. Son éstos quienes mantienen en alto los principios históricos de la izquierda, mientras desde el gobierno, y en particular desde el Poder Ejecutivo, se procede en forma contraria.

El 22 de setiembre y pocos días después de conmemorar otro Día de la Educación pública, de noche y sin conocimiento como órganos, de las autoridades del Codicen y de los Consejos, esa incomprensión ganó los espíritus reaccionarios y omnipotentes de algunos de los actuales gobernantes, apurados por preservar oficinas públicas de operativa burocrática (al menos ese fue uno de los argumentos esgrimidos para desocupar), las que fueron valoradas por encima de los acuerdos alcanzados, y de la integridad y principios de los estudiantes.
Además de un atropello, esta acción grotesca supuso miopía estratégica o táctica política errada, la que se unió en este caso como en la imposición de la esencialidad, al asesoramiento nocivo que el propio Presidente de la República tiene, de quiénes lo rodean, a saber: empresarios, amigos complacientes con el poder, y economistas de la nueva neo­ economía que se pretende imponer en el país vía presupuesto.
Esta situación habilitó a represores que aun tienen las “fuerzas del, como también a quiénes no desaprovechan ninguna oportunidad para propiciar enfrentamientos con la policía y con el gobierno; y por supuesto a los medios de comunicación, obedientes de la derecha política y no política, a ampliar un escenario de enfrentamiento, usando a los estudiantes, subvalorando su opinión, sus decisiones y sus convicciones, quiénes, convencidos de la nobleza de su acción, sólo querían ser escuchados y decir aquí estamos.
La intervención del Codicen existió en todo momento, quizá no como ahora se estila, a través de los medios. Actuó solo y con el parlamento, y propició encuentros con el MEF, por supuesto que frustrados en los tiempos que estas cosas tienen, y porque además, en ese Ministerio ya se comprobó con motivo de la discusión presupuestal, que no hay vocación de diálogo, sino voluntad de imposición.
Desde el Codicen no tengo dudas que se apostó al diálogo y a la comprensión, más allá de los resultados, y siempre respetando la opinión del otro.

Esto fue desconocido por las llamadas “fuerzas del orden” de que dispone el Estado, dispuestas a reprimir sin distinguir; a la par que fue muy bien aprovechado por la derecha­ que se expresa desde hace años a través de los medios de comunicación de gran tiraje, afines a estimular enfrentamientos sociales, y por supuesto ante la pasividad y el mirar hacer para después que pasen las cosas salir a hablar, de los partidos de “oposición” cosechar en estas y otras situaciones, y dispuestos a pedir renuncias, cargando
culpas a trabajadores y organizaciones legales que existen en el país, más allá que se compartan o no sus métodos, siempre atentos a (Pero…, ¡alguien quiere entender esto de otra manera?: no hubo errores, ni tácticas equivocadas, ni represores ocasionales, ni coincidencias ideológicas por azar, sino una intención de distraer la atención sobre lo verdaderamente importante hoy: el presupuesto).
Así, mientras esto sucede, un protagonista de lujo olvidado, el presupuesto del Poder Ejecutivo, sigue su accionar, ahora en el Parlamento, apoyado por un dúo implacable, el de esa derecha, junto a sectores del gobierno
representados muy bien en el MEF.
Estos sectores, proponen un proyecto de país en lo político, económico, social y educativo, de derecha, atado a los principios del control, de la coordinación de metas en linea con las del gobierno de turno, de la gestión basada en resultados que habiliten la competitividad del llamado “mercado educativo” que aparece si se cumple con los compromisos, todo lo que termina atando a los
entes autónomos como el de la educación, a enunciados e imposiciones, ajenas a la letra de la Constitución, así como a su normal desarrollo como autónomos, y lo que es más importante tratando de impedir al menos, su accionar lejos de los
avatares políticos, porque la educación debe estar más alto que toda mezquindad partidaria, y del dinero
En el presupuesto del Poder Ejecutivo, en especial en educación, estas fuerzas, no tienen reparos en proponer el intervencionsmo del gobierno y del Estado en contra de los preceptos constitucionales y legales, contenidos, y que se expresan claramente en el artículo 49 del mismo:
“Los entes autónomos y los servicios descentralizados incluidos en el Art. 220 de la Constitución de la República, deberán contar con compromisos de Gestión suscritos entre el organismo, el Ministerio a través del cual se relacionan con el PE, el MEF y la OPP. Los mismos tendrán una vigencia anual y deberán ser suscritos antes del 31 de diciembre del año inmediato anterior.”
Estos compromisos de gestión mencionados, serán instrumentos que permitirán evaluar la compatibilidad entre la acción cotidiana del gobierno de los organismos antes mencionados y el cumplimiento de los planes estratégicos a mediano y largo plazo que determinen sus objetivos específicos. Para esto se fijarán de común acuerdo entre los suscriptores de los mismos,un conjunto de indicadores, con metas de cumplimiento asociadas, que den cuenta de la gestión de los organismos en sus cometidos específicos y su eficacia en el manejo de los recursos públicos.
En esta propuesta se resume toda una concepción no sólo economicista sino autoritaria, de contralor desde el MEF y el PE, que en sí misma es ideológicamente violenta; genera y necesita para imponerse,un correlativo también violento, de violencia hasta física y psicológica, sobre quiénes piensan distinto y disponen de medios más modestos para hacerse oír.
Los trabajadores y los estudiantes, más allá de sus diferencias metodológicas para encauzar su accionar y hacer sentir su voz, enfrentan contrincantes poderosos y un futuro incierto en materia educativa y social.
Los tiempos del intervencionismo político y del fin de la autonomía ( el 11 de diciembre próximo, se cumplen 80 años de la Ley que creó Secundaria y la separó de la Universidad), hacen al desafío en lo inmediato, tanto de las fuerzas sociales, de los trabajadores organizados y de los jóvenes que no quieren más primaveras rotas, como también de las autoridades electas y designadas, que aún creemos en la utopía contraria, pero sólo a través de los caminos que hicieron a la democracia y a la educación pública, patrimonio del pueblo todo.

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