En Defensa de la educación pública estatal. Por Walter Fernández Val.

1- Es evidente que el advenimiento de una sociedad más justa y solidaria no surgirá solamente de la transformación de las estructuras económicas y políticas, sino que esencialmente deberá provenir de un cambio cultural. En este punto la educación está llamada a desempeñar un rol fundamental siendo el principal instrumento y sostén de todo proceso de transformación de la sociedad.

A lo largo de la historia de la humanidad la lucha de las organizaciones sociales constituyó una permanente búsqueda de participación en los diferentes ámbitos de la sociedad, en una constante disputa con los sectores dominantes por ocupar espacios de decisión.

Creemos absolutamente necesario que los trabajadores en su disputa con las clases hegemónicas en el poder, ocupen responsabilidades de gobierno en la conducción de un ámbito neurálgico para la sociedad como lo es el sistema educativo. Tal tarea debe ser asumida por la clase trabajadora con la finalidad de trasladar al conjunto de la sociedad su visión transformadora del mundo y una concepción que tienda a elaborar rupturas con la lógica deshumanizadora e individualista del capital, que implique  difundir una educación signada por principios humanitarios, éticos, y solidarios que propendan a defender la vida digna de todos los ciudadanos.

Construir una nueva matriz cultural es un largo y trabajoso proceso no exento de errores. Si bien como educadores e integrantes de la clase trabajadora somos portadores de un proyecto de sociedad, éste se encuentra subordinado a la cultura actualmente dominante.  “Significa que un grupo social, tiene una concepción propia del mundo, aunque embrionaria, que se manifiesta en la acción, esto es, cuando ese grupo se mueve como conjunto orgánico. Pero a la vez, este grupo social, por razones de sumisión y subordinación intelectual, posee una concepción prestada por otro grupo, a la que juzga debe seguir, porque la sigue en tiempos normales, o sea, cuando su comportamiento no es independiente y autónomo, sino precisamente subordinado”

En consecuencia es necesario romper las ataduras que impiden que los docentes comencemos a educar en una lógica en donde la formación integral de los jóvenes sea el centro del acto educativo, con la finalidad de erradicar visiones que suponen que el sistema educativo es el mejor medio para generar consumidores del mercado.

Es nuestra misión como educadores hacer comprender que la dependencia cultural es un axioma impuesto por determinados intereses de clase, que no es algo inherente al ser humano, y que la dirección cultural  no se configura a partir de causas naturales deterministas. Dice Pierre Bordieu respecto a estos mecanismos de dominación: “En virtud de que nacimos dentro de un mundo social aceptamos algunos postulados y axiomas, los cuales no se cuestionan y no requieren ser inculcados. Por esta razón los análisis de la aceptación dóxica del mundo, que resulta del acuerdo inmediato de las estructuras objetivas con las estructuras cognoscitivas, es el verdadero fundamento de una teoría realista de la dominación y la política. De todas las formas de “persuasión clandestina” la más implacable es la ejercida simplemente por el orden de las cosas”           

2- La presencia de docentes electos en los consejos de los entes autónomos de  la educación proviene de una larga tradición. Hagamos una pequeña  síntesis del subsistema de educación secundaria.

El 31 de marzo de 1933 se desencadenó el golpe de Estado de Terra. Tras apresar y deportar  en sus primeros días al decano de la facultad de Derecho, Dr. Emilio Frugoni, se intenta mediante un proyecto de ley, poner en manos del Poder Ejecutivo (el de la dictadura) el nombramiento de los decanos, así como la posibilidad de observar planes y programas. En un clima de agitación y resistencia la dictadura cede y reconoce la potestad de la Universidad de elegir su propio Rector y elaborarse su propio estatuto. Para ese entonces la Sección de Enseñanza Secundaria y Preparatoria formaba parte de la Universidad, siendo por su número de estudiantes y profesores uno de los pilares de la misma, por lo que la maniobra de escindir esta sección de la Universidad significaba un debilitamiento de la misma. De tiempo atrás el Dr. Luis Alberto de Herrera, que dirigía a una de las dos fuerzas de opinión y de masa en que se apoyaba la dictadura, y cuya otra fuerza equivalente era la que encabezaba el propio dictador Dr. Gabriel Terra, tenía vehementes deseos de que fuera intervenida la Universidad.

Como consecuencia de un pacto entre estas dos fuerzas políticas se promulga el 11 de Diciembre de 1935  la ley Orgánica N° 9.523, la cual establecía en su primer artículo que con la Sección de Enseñanza Secundaria y Preparatoria de la Universidad se daba lugar a la creación de un nuevo ente autónomo denominado Educación Secundaria.

El Consejo que presidía el nuevo Ente estaba conformado por 7 miembros, tres de los cuales eran electos por los propios docentes, es así que, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley, en Febrero de 1936 se instrumentaban las primeras elecciones entre docentes para designar a tres consejeros que conformarían el primer Consejo de Educación Secundaria. Además de los nombrados debían integrar el Consejo un representante por el Consejo de Educación Primaria, otro por el de Enseñanza Industrial y el tercero por la Universidad, designados todos ellos por el Poder Ejecutivo. El Director de enseñanza secundaria, era nombrado por el Poder Ejecutivo, previa venia del Senado, a propuesta de los seis integrantes del Consejo de Educación Secundaria.

En 1968, época de gran agitación social, la Federación Nacional de Profesores, lograba que uno de los cargos de consejeros del CES electos por los docentes proviniera de dicha Federación siendo la lista más votada. El titular de la lista gremial presentada por FENAPES era el profesor Washington Viñoles, la tradición hasta ese momento era que el Consejo daba su aprobación para el cargo de Presidente al titular de la lista más votada, por lo que en las primeras sesiones del Consejo debía asistir el segundo candidato de esa lista, el profesor Víctor Cayota, a quién le correspondió proponer al profesor Viñoles. El Consejo no respetó la tradición de respaldar al candidato de lista más votado, por lo que ante el vencimiento del plazo legal para la designación, la Federación optó por respaldar al Dr. Arturo Rodríguez Zorrilla quién si consiguió los votos en el Consejo. De esta manera se establecía la posibilidad de elegir un Director General del Consejo de Educación Secundaria  no dependiente del poder político partidario. El Poder Ejecutivo consciente del peligro que representaba para las clases dominantes el perder el gobierno de educación secundaria, retuvo durante meses la solicitud de designación sin darle trámite hacia el Senado para solicitar la venia correspondiente. Finalmente el Ejecutivo envió la solicitud al Senado, y en este ámbito parlamentario es que se aducen que existían vicios de forma en la designación aludida, devolviendo las actuaciones al Consejo de Secundaria para su perfeccionamiento. En una segunda oportunidad el mismo candidato es elegido ahora por 4 votos en lugar de tres, elevándose nuevamente la solicitud que fue definitivamente negada por el Senado con el argumento que no se había procesado la votación en tiempo y forma. La maniobra del poder político conservador para retener el control sobre el sistema educativo, era el prolegómeno de una escalada represiva aún mayor que se estaba gestando en esos momentos en el país.

3- El próximo 18 de noviembre una vez más se abrirá la posibilidad de que representantes de los trabajadores ocupen lugares de conducción en los respectivos consejos de la ANEP, dos lugares en el Consejo Directivo Central y uno en los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional, respectivamente. Como es de público conocimiento el PIT – CNT, la Federación Uruguaya de Magisterio,  la Asociación de Funcionarios de UTU y la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria promueven listas sindicales para esta elección.

Tal responsabilidad debe ser asumida en el entendido de que en la conducción política de la sociedad es imprescindible el aporte de los trabajadores con su perspectiva de clase, es decir contribuyendo a un proyecto de acumulación colectivo y en donde los candidatos tienen sentido en cuanto reflejen en su accionar la elaboración de las organizaciones que los promueven.

Pero además habrá otros candidatos que se presentaran a la puja electoral, algunos de ellos para impulsar ideas y proyectos de carácter personal y otros respaldados por colectividades político partidarias. Resulta paradójico que docentes que se identifican con partidos políticos tradicionales se presenten a estas elecciones, cuando sus candidatos en la última campaña electoral presidencial manifestaron que lo primero que harían si ganaban sería eliminar los representantes sociales de los consejos de la ANEP.

4- Diversas son las propuestas emanadas de las listas promovidas por nuestra Federación, existen diferentes materiales impresos y digitales que pueden consultarse, no obstante queremos referirnos a una de ellas en especial: la defensa de la autonomía del Ente. Entendemos el concepto en sus cuatro aspectos: autonomía técnico docente, administrativa, financiera y de gobierno. En los últimos tiempos cada una de estas cuatro características ha sido atacada desde diferentes ámbitos gubernamentales. Ya hemos expresado en otros artículos anteriores y lo seguimos ratificando, que la contradicción dialéctica principal que rige el proceso político educativo circunscripto a la ANEP en los últimos años, es la tensión que se mueve entre la disposición constitucional de autonomía para los entes de la educación y la intención del Poder Ejecutivo de vulnerar ese principio.

Es una estrategia repetida por parte de determinados políticos –apoyados por los grandes medios de prensa-  la descalificación sistemática de la educación pública a través de mensajes apocalípticos  empeñados en fomentar el subsidio de la educación privada y recortar al máximo la autonomía asignada por la Constitución de la República. La autonomía de la educación es una condición ineludible de la soberanía nacional frente a cualquier poder transnacional que intente imponer lineamientos educativos a nuestra sociedad, así como un resguardo respecto a intereses particulares de grupos políticos o económicos.

Se ha constatado el caso extremo en la anterior administración de querer sustituir a las naturales autoridades de la ANEP en el cometido que les confiere la ley orgánica de diseñar las políticas educativas del Ente, por un acuerdo interpartidario. Acuerdo que intentó desplazar hacia los actores político-partidarios atribuciones que la Constitución y la Ley prescriben como propias de los órganos directivos autónomos de la educación.

Asimismo, asistimos en la presente administración a intentos desde el Ministerio de Educación y Cultura de fijar directivas sobre la ANEP, con propuestas educativas inconsultas elaboradas en ámbitos herméticos  por técnicos y sociólogos ajenos al Ente.

Para finalizar expresamos que la autonomía de la educación es una matriz identitaria irrenunciable de la cual los docentes somos portadores. La misma tiene por fin asegurar el desarrollo regular de la función educativa, ligada a la identidad y soberanía nacional, sin sufrir discontinuidades debidas a avatares políticos. Esta característica fue distintiva de la educación uruguaya durante mucho tiempo, pero debe reafirmarse y ampliarse en la ANEP expresándose en su capacidad de adoptar políticas educativas de largo plazo, con consensos que impliquen la más amplia y activa participación democrática de todos los docentes del sistema educativo.

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