Declaración de la Asamblea General de Delegados de la FeNaPES

NO a las PPP en la ANEP

En 2011, al aprobarse la Ley N° 18.786, se habilitó a los organismos del Estado a realizar contratos de Participación Público-Privada (PPP) para obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias; obras de infraestructura energética; obras de disposición y tratamiento de residuos; y obras de infraestructura social.

La PPP delega en una empresa privada la financiación, construcción y gestión de un servicio público (o parte de él), cobrando por ello a lo largo de varios años, ya sea mediante pagos de los usuarios, del Estado, o una combinación de ambos.

Para el caso de la educación, la PPP no solo delega en un privado la obra de infraestructura, sino también la provisión del mobiliario, el mantenimiento, la limpieza y la seguridad.

La Ley Nacional de Presupuesto del año 2015 –Ley N°19.335– prevé el uso de PPP para 165 centros de la ANEP. Se han realizado ya dos llamados a Licitación Pública Internacional, para el diseño, financiamiento, construcción y mantenimiento de centros educativos públicos, bajo el régimen de Contratos de PPP, por un plazo de 22 años.

El primer llamado, realizado en noviembre de 2016, comprendió 15 centros CAIF (dependientes de INAU) y 44 jardines para educación inicial. El segundo llamado se realizó en abril de 2017 y comprendió 23 escuelas, 10 polideportivos y 9 polos tecnológicos.

A la fecha, están previstos dos nuevos llamados: el tercero incluirá (junto a 25 CAIF de INAU) 8 nuevas escuelas; el cuarto sumará 51 liceos.

Ante este avance de la privatización y mercantilización de la educación pública, FeNaPES declara su absoluto rechazo al mecanismo de participación público privado, que en la ANEP supone:

1) Incidencia privada en la definición de las políticas educativas.
2) Restricción del uso que docentes y estudiantes hacen de los centros educativos.
3) Promoción de una lógica de competitividad.
4) Prevalencia de criterios lucrativos sobre los criterios pedagógicos.
5) Pago de costos más altos por las obras y los servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad.
6) Profundización de la política de exoneraciones tributarias y beneficios fiscales al gran capital.
7) Priorización del lucro privado en la creación de fuentes de trabajo.
8) Pérdida de cargos públicos en escuelas y liceos.
9) Incremento de la precarización laboral.
10) Imposición de formatos constructivos.
11) Aplicación de criterios empresariales en la administración de los centros.
12) Usos de los centros con fines no educativos.
13) Limitación de la negociación colectiva con los sindicatos de la educación.
14) Desvío del presupuesto de la educación pública a manos privadas.
15) Profundización del proceso de mercantilización de la educación pública.

A las razones antedichas, se suma que la experiencia internacional muestra que las PPP son más caras que la inversión pública (el propio FMI ha recomendado no utilizar PPP en educación), y que la experiencia local muestra los peligros de los servicios educativos privados (fugas de capitales que conducen al cierre de diferentes institutos, edificios en peligro de derrumbe, insalubridad y salarios imagos).

Declaramos que la modalidad PPP es parte de una ofensiva mundial para apropiarse del dinero que rodea los sistemas de educación pública, con grandes empresas transnacionales (como Pearson, Google, Apple, Santander, BBVA, HSBC y otras), instituciones crediticias (sobre todo el Banco Mundial y el BID), gobiernos (especialmente EEUU y los miembro de la Unión Europea) y entidades corporativas (como el Foro Económico Mundial), que lideran dicha ofensiva.

En nuestro país, esta ofensiva privatizadora encontró fuertes aliados no solo en el Poder Ejecutivo que preside Tabaré Vázquez (que cursa procesos de PPP para rutas, tranvías y cárceles), sino también en el CoDiCen de la ANEP. En las sesiones en que se discutió la licitación de centros vía PPP, los representantes del gobierno nacional, Netto, Mota y Luaces, apoyaron sin reparo alguno.

FeNaPES, históricamente comprometida con la defensa de la educación pública, convoca a todos los gremios estudiantiles y sindicatos de trabajadores, y a la ciudadanía en general, a defender la educación pública, que es un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede quedar condicionado por el interés de los grandes capitales.

Invitamos a todos a sumarse a este movimiento de resistencia y lucha, con el objetivo de frenar el avance de la privatización. Exigimos tanto al gobierno nacional, como a sus representantes en el CoDiCen de la ANEP, la búsqueda de una alternativa pública a la privatización.

Las autoridades de la educación no solo tienen la posibilidad de cerrar la puerta a las privatizaciones: tienen el deber político de hacerlo.

 

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