De nuestro boletín setiembre: El alcance de la representación docente en los consejos de la educación

Cuando la Ley de Educación N° 18.437 determinó en su Art. 65 que uno de los integrantes de los respectivos Consejos de Educación fuese electo por los docentes, generó un cambio que aún hoy estamos intentando consolidar. La falta de tradición en el procedimiento, el ejercicio de la primera experiencia, las expectativas a las que se dio – o no se dio- cumplimiento, son apenas algunos de los factores que complejizaron este proceso. Pero no es el propósito del presente artículo reflexionar sobre si esta representación es adecuada o no, si debemos apoyarla o no con nuestro voto; la pretensión de quien suscribe es aproximar una respuesta a la siguiente pregunta: ¿a quién representa el representante de los docentes?

Cuando el Consejero Robert Silva expresa reiteradamente que representa a todos los docentes, bien sabe que está haciendo escasa justicia a la realidad. Claramente no representa a quienes piensan que las experiencias como el Liceo Jubilar no pueden ser financiadas casi en su totalidad con fondos públicos, de acuerdo a lo que ha expresado públicamente. Pero sí representa a los docentes que creen en la descentralización y regionalización de la gestión de la ANEP; representa a quienes consideran favorables las experiencias de extensión de tiempo pedagógico, pero no a quienes evalúan como inoportuno el pago diferencial del salario docente según zonas y contextos.

El concepto de pluralidad que se maneja habitualmente de alguna manera también aplica a la representación de la Consejera en Secundaria: claramente existieron listas sindicales que no apoyaron la iniciativa por entender que no representa el ideal de cogobierno. Por lo tanto, no todos los sindicalizados acompañaron las listas promovidas por el PIT-CNT, tanto como seguramente muchos no sindicalizados sí las votaron. También es verdad que quien ocupa este lugar se erige en la representación también de quienes no acceden al voto, pero trabajan en la enseñanza, como son los auxiliares o los administrativos.

Lo que caracteriza por excelencia a un Consejero Electo es su disponibilidad de acceso, esto es, debe estar siempre dispuesto a escuchar, recibir, atender y analizar las propuestas y problemas de otros. Igual que concurrir, explicar y rendir cuentas a los docentes y a los trabajadores de la enseñanza en general. El Consejero Electo se define esencialmente por su alteridad, es decir, porque supone y propone otras miradas y otras perspectivas a las de los demás. Y los demás son siempre los “otros”, en este caso, los designados. Suponer que esta pertenencia al lugar del otro es indicio de enfrentamiento, es percibir la construcción de la institucionalidad como rígida y hegemónica y no entender que las organizaciones se fortalecen cuando dan lugar a los matices y a la pluralidad.

Otra cosa bien distinta es la divergencia de grupos por intereses que se oponen, aspecto que sí implica un antagonismo que es parte de la historia. Resulta innegable que lo que se sigue oponiendo, y así será hasta alcanzar un mundo igualitario, es que los intereses que algunos grupos defienden suelen oponerse a los de otros que hacen lo propio. No se trata ni de pelear, ni de hacerlo personal, sino de reconocer que existen grupos que indisolublemente estarán en relación de resistencia por la definición de los sectores de representación. Y como es esperable, cuando esos intereses comunes están organizados colectivamente, logran hacer que su voz se escuche, aunque genere disonancia en relación a discursos con cierta hegemonía.

Cuando, al decir del Economista Pablo Messina, la construcción del discurso de la crisis educativa se asimila al de la crisis docente y -desde PISA al rezago escolar- todo es consecuencia de profesores y maestros que no cumplen con el mandato pedagógico histórico como deberían, no hay modo de no antagonizar.

Todos tenemos una procedencia ideológica, el punto está en si queremos hacerlo explícito o velado, en la suposición que, a más difuso, más incluyente. Si no “arriesgamos” explicitando con claridad de dónde venimos, podemos generar la ilusión de que existen sectores de opinión que incluyen a todos y así navegar en zonas limítrofes. Decir lo contrario, no resiste el menor análisis.

El otro aspecto interesante para analizar es la percepción de que, al asumir el cargo, uno se despoja de quién es y de dónde proviene, para pasar a ser un integrante del Consejo, en lo que sea que esto signifique.

Quien suscribe, al igual que todos, ha sido “acusada” de muchas cosas en la vida, pero una de las más peculiares es cuando se me ha dicho en sesión de Consejo, que tengo “un problema de rol” (sic, de veras sic), ya que no percibo que al asumir el cargo he pasado a integrar un colegiado que me separa de mi procedencia sindical y me subsume en esa generalidad que es el CES. Nobleza obliga a reconocer que es un intento con cierta astucia; si uno se desdibuja en la generalidad, debe aceptar las posiciones mayoritarias, no evidenciar públicamente las debilidades institucionales ni – menos- enfrentar las jerarquías. Por eso mismo, he sido cuestionada por cumplir con las medidas sindicales legítimamente votadas, o peor aún, he sido veladamente amenazada en la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes por proporcionar información pública como un acta del Consejo.

Claramente cuando el legislador introdujo en la Ley de Educación la figura del Consejero Electo estaba pensando en jerarquizar la voz del docente, y ésta puede ser consonante o disonante con la de los Consejeros designados.

La Presidenta de FENAPES, la compañera Virginia García Montecoral, siempre expresa que, si el Consejero Electo sólo oficia como “tribuno”, no es poco y compartimos plenamente el concepto. La imagen proveniente de la antigua Roma es claramente el escenario al que muchas veces un Electo puede enfrentarse; especialmente cuando operan las mayorías del 2 a 1 y no resta otra cosa que discrepar, controlar y denunciar. Por cierto, no es el espíritu ni la actitud con la que uno se integra a un organismo de conducción en representación de los trabajadores, pero es una las dimensiones ineludibles de la tarea. Si no se puede incidir, por lo menos quedará explicitada la divergencia y se podrá o se intentará, acceder a información relevante.

En síntesis, desconfiamos de quien se erige en la totalidad del otro, porque eso no es ni materialmente posible, ni profesionalmente coherente, ni éticamente legítimo. En estos cargos la persona está disponible para todos, pero impulsa los lineamientos de política educativa que se discuten, se reformulan y se desarrollan en colectivos organizados que constituyen su sector de procedencia. La construcción de la totalidad será posible en el campo de la matemática, o una aspiración subjetiva de las personas por las múltiples divisiones a las que estamos sometidos empezando por el campo del trabajo,pero no puede ser – ni es- una categoría para definir la tarea de representación en los organismos de gobierno de la enseñanza. Por suerte, uno no es monedita de oro… para garantía de los demás.

Por  Isabel Jaureguy.

 

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