Aportes jurídicos sobre la encuesta para estudiantes del Ciclo Básico

estudiantes fenapesPresentamos la columna de opinión de Daniel Parrilla con aportes jurídicos sobre la encuesta para estudiantes de Ciclo Básico. Allí plantea entre otras consideraciones la preocupación por lo que entiende son “elementos de ilegalidad” en dicha encuesta.

Opinión:

De acuerdo a lo que surge de la página web del CES, así como de algunas resoluciones de dicho desconcentrado y documentos provenientes de la Dirección de Planeamiento y Evaluación Educativa, se ha definido la realización de ciertas actividades en los primeros quince días de clases del año lectivo 2016, período al que se ha denominado “Iniciando la vida liceal”

Entre dichas actividades se prevé la realización de una encuesta online por parte de los estudiantes de primer a tercer año de Educación Media.

Dicha encuesta tiene diferentes finalidades. Por un lado, proporcionar información de las características de los estudiantes a los docentes. Además, agrupará la información de todos los centros que completen la encuesta. Nótese que aquí no se explicita con qué finalidad se va a utilizar la información recolectada, ni mucho menos quién o quiénes van a acceder a la misma.

Llama la atención el contenido del Módulo I: “Información Sociodemográfica”. Si bien las propuestas provienen de una repartición especializada en el planeamiento y la evaluación educativa, entendemos que hubiera sido muy importante una mirada jurídica respecto del contenido de la encuesta, en especial del módulo que estamos analizando.

En efecto, creemos que existen elementos de ilegalidad en relación a dicha encuesta, que no dejan de preocuparnos.

A saber:

En primer lugar, es claro que estamos ante la configuración de un banco de datos registrados en soporte informático con una finalidad de uso. Por lo tanto, dicha actividad se encuentra indefectiblemente regulada por la Ley Nro. 18.331 -Protección de Datos Personales-. Es decir que la materialización del espacio o banco de datos o información al que referimos constituye lo que jurídicamente denominamos “ámbito objetivo” de la referida norma, la cual además establece claramente las excepciones (art. 3ro) sin que la encuesta a que hacemos referencia pueda encuadrarse en algunas de ellas.

En lo medular, la referida norma crea un marco de protección respecto del uso de los datos personales. El análisis de la misma excede ampliamente los marcos del presente trabajo, pero sí cabe señalar que se establecen definiciones y principios generales o fundamentales (artículos 4 y 5) que constituyen el soporte conceptual y jurídico del referido régimen.

Los principios generales establecidos por la norma son: Legalidad, Veracidad, Finalidad, Previo Consentimiento Informado, Seguridad de los datos, Reserva y Responsabilidad.

Nos interesa particularmente centrar nuestra atención en el principio de “Previo Consentimiento Informado”.

Dicho principio se encuentra a su vez explicitado en el artículo 9no de la Ley, el cual establece que “El tratamiento de datos personales es lícito cuando el titular hubiere prestado su consentimiento libre, previo, expreso e informado, el que deberá documentarse”

En buen romance, esto significa que quien proporciona la información debe ser informado del uso que se dará a la misma, y en consecuencia prestar su consentimiento en forma documentada.

Al respecto de lo que venimos diciendo, es menester aclarar que el Previo Consentimiento Informado constituye un principio general o exigencia jurídica respecto de toda la información que se proporciona, no solo la que la ley define como “datos sensibles”. Por otra parte, el propio artículo 9no. establece las excepciones o circunstancias en que no se requeriría el Previo Consentimiento Informado, sin que ninguna de ellas encuadre en la situación que estamos analizando.

Lo hasta aquí reseñado nos conduce al centro del problema: véase que en el Módulo I Información Sociodemográfica, el estudiante proporciona información relacionada con adultos (sus padres o quien desempeña ese rol), además de información propia muy relevante (relacionadas con su trabajo, etc.).

La pregunta que corresponde formularnos entonces es la siguiente: ¿puede un estudiante del ciclo básico prestar el consentimiento para el uso de la información que proporciona, luego de haber sido informado cuál será el destino de la misma? La respuesta es claramente NO. El Derecho Civil Uruguayo establece la nulidad absoluta de las acciones de los denominados impúberes (es decir, menores hasta los 15 años) y la capacidad relativa (es decir, para ciertos casos, previa autorización) para los mayores de 15 hasta los 18 años de edad.

Evidentemente, nos encontramos ante una encuesta tendiente a proporcionar información que padece de un importante grado de ilicitud por el simple hecho de que se ha omitido la presencia del adulto (padre, tutor o responsable legal) a la hora de acceder a información relevante en el hogar del adolescente y para el propio adolescente. Cabe destacar que esa ilicitud es trasladada a los docentes, pues son quienes aplicarán la encuesta, en cumplimiento de una resolución del CES.

Daniel Parilla