20 razones para decir NO a las PPP

 

1

La PPP incidirá en la definición
de las políticas educativas

Se fijan por contrato, a 22 años, los días y horarios de trabajo de la ANEP en los centros. ¿Qué sucede si mañana deciden modificarse las políticas actuales, generándose la necesidad de disponer de los locales en días y horarios diferentes a los acordados? Nada obliga al privado a acceder: puede bloquear una política educativa. Y si aprueba un cambio, será a costa de más dinero.

 

2

La PPP incidirá sobre el uso que docentes y
estudiantes hacen de sus centros educativos

Dado que la ANEP fijará por contrato con un privado los días y horarios de trabajo, existirán fuertes limitaciones a las actividades extracurriculares que se desarrollan fue- ra del horario de clases: jornadas de integración, salidas didácticas, paseos, convocatorias a padres, cursos de formación, eventos solidarios, proyecciones cinematográ- ficas, bailes, ceremonias de egreso, muestras artísticas, etc.

 

3

Se promueve una lógica de competitividad
La gran mayoría de las escuelas y los liceos del país llevan décadas denunciando la desatención presupuestal de sus necesidades, especialmente la faltante de cargos docentes y de gestión y servicios y los problemas de infraestructura. En medio de esa realidad, se pretende crear una minoría de centros educativos con rubros para mantenimiento, equipamiento, limpieza y seguridad, fragmentan- do aún más el sistema educativo.

 

4

Los criterios lucrativos de la empresa prevalecerán sobre los criterios pedagógicos.
Se deja en manos de un privado la dirección, logística y organización del personal, insumos, equipos necesarios para la operación de los centros educativos. Y si bien se establecen ciertos parámetros básicos para la aceptabi- lidad de los servicios, los mismos no prevén el perfil que debe tener un funcionario que trata con niños y jóvenes, ni la necesidad de que permanezcan en un mismo centro.

 

5

En Secundaria, el formato de los edificios es incompatible
con el proyecto sindical de liceos de primero a sexto año

Existirán tan solo dos formatos de edificios: Uno de 7 aulas, y otro de 12 aulas. Se trata de centros pequeños, en los que no existirán condiciones para que funcionen conjuntamente primer y segundo ciclo. En los hechos, la ANEP promueve un ciclo básico terminal.

 

6

Las PPP son más costosas
que la inversión tradicional

La ley en Uruguay exige comparar un proyecto de inver- sión vía PPP con uno tradicional, y la construcción se hará vía PPP si resulta más barata. El instrumento que se utili- za para realizar la comparación agrega sobrecostos de in- versión y demoras de construcción a la inversión pública, para favorecer las obras vía PPP. De hecho, la experiencia empírica internacional muestra que las PPP son al menos 25% más caras que la inversión tradicional.

 

7

El costo de los edificios es más alto
que con una licitación tradicional

La construcción de 165 centros, supone un monto que asciende a 400 millones de dólares. Hablamos de un pro- medio de U$S 2.400.000 por cada centro. En Secundaria, eso es lo que, promedialmente, ha pagado la ANEP en los últimos años por edificios mucho más grandes de lo que serán los liceos PPP.

 

8

Se profundiza la política de otorgar exoneraciones
tributarias y beneficios fiscales al gran capital

El Estado renuncia a recaudar impuestos para favorecer a las empresas adjudicatarias de proyectos PPP para la ANEP, exonerando: a) Recargos a las importaciones. b) IVA a las importaciones. c) IVA en la compra de maquinarias, equipos, materiales y servicios. d) Impuesto al Patrimonio.

 

9

Se prioriza el lucro privado a la
creación de fuentes de trabajo

Se opta por un sistema constructivo que “reduce los tiempos de ejecución y, por consiguiente, el consumo de mano de obra, lo que devendría en menores costos”. Así, al favorecer una modalidad poco intensiva en trabajo, con salarios más bajos y con más tecnología importada que en una obra tradicional, se favorece el lucro privado y no el fin social que supone la creación de fuentes laborales dignas.

 

10

Se pierden cargos públicos en escuelas y liceos
En los centros educativos que queden comprendidos bajo el régimen de PPP, los “servicios” de mantenimiento, equipamiento, limpieza y seguridad serán brindados por un privado. Eso significa que, por al menos dos décadas, el Estado renuncia a generar cargos públicos para esas funciones. Parece claro que la PPP implica un recorte del Estado.

 

11

Incrementa la precarización laboral
Al punto anterior que se centra en la parte constructiva, se le suma que las PPP privatizan todo lo que es funcio- namiento del centro educativo. Las experiencias de terce- rizaciones en el Estado Uruguayo y en el mundo, mues- tran que los trabajadores de las empresas privadas que se hacen cargo de las tareas suelen tener menores salarios, peores condiciones de trabajo y una mayor incertidum- bre laboral debido a la alta rotación que los funcionarios públicos.

 

12

Los formatos constructivos no serán
negociados con las comunidades

Los últimos años, el sindicato conquistó la instalación de ámbitos en los que se presenta a la comunidad el diseño de la obra a ejecutar, para que ésta pueda modificarlo a partir de su conocimiento de las necesidades locales y de valoraciones de carácter pedagógico. Las obras PPP tienen un formato predeterminado en los pliegos, que no admite modificación alguna.

 

13

Los edificios y su equipamiento son
del privado mientras haya contrato

A pesar de que los centros se construyen en terrenos públicos, están privatizados. De hecho, la retribución a la empresa adjudicataria es por concepto de “pago por dis- ponibilidad”, como contrapartida por ofrecer un servicio de acuerdo con las bases del llamado.

 

14

La empresa adjudicataria puede utilizar
las instalaciones con otros fines

Dado que, mientras exista contrato, el edificio le pertene- ce, el privado puede desarrollar ciertas actividades y, de esa manera, generar ganancias adicionales. Para eso se definen las “horas de trabajo” y el “uso mixto”.

 

15

Se limita la negociación colectiva con los sindicatos de la educación
En el contrato a celebrar entre la Administración Pública y el privado, se dejará en manos de este último la dirección, logística y organización del personal, insumos, equipos y todo otro ítem necesario para el diseño, la construcción y la operación de los centros educativos. Ninguno de los aspectos que refieren a condiciones laborales, higiene y salud, han sido objeto de negociación con los trabajadores de la educación.

 

16

El Estado puede tener que indemnizar
al privado en casos de paros y huelgas

Por contrato, la Administración Pública asume, entre muchos otros, los riesgos derivados de “ocupación de los Centros por parte del personal con vínculo laboral directo o indirecto con la Administración Pública Contratante”. Dado que la empresa adjudicataria puede utilizar las instalaciones con fines propios, si se ocupa un centro, el Estado debe resarcir al privado.

 

17

El Estado debe indemnizar millonariamente al privado
en caso de terminar anticipadamente el contrato

Si la extinción fuere imputable a la Administración Pública, ésta deberá abonar a la empresa adjudicataria el valor de las inversiones realizadas, además de indemnizarla por daños y perjuicios. La forma de pago, claramente definida, hace inviable que el Estado pueda asumirla presupuestalmente, por más que la modalidad PPP haya demostrado ser inapropiada para los fines de la educación pública.

 

18

Se desvían cada vez mayores porcentajes del presupuesto educativo a manos privadas
La modalidad PPP refuerza ese camino de privatización del presupuesto educativo que ha recorrido el progresis- mo: Plan Ceibal – Negroponte, CAIF – ONG, ANEP y sus tercerizaciones, etc. De esta forma, es probable que en unos años se alcance el 6% del PBI para la educación, pero al precio de desviar gran parte a empresarios que lucran con la educación.

 

19

Se compromete parte del futuro
de la educación de 22 a 35 años

El plazo del contrato es de 22 años, pero puede prorrogar- se hasta alcanzar un total de 35 años. Así, para que una de las próximas Administraciones pueda reestructurar el funcionamiento de los locales de acuerdo a nuevas va- loraciones políticas y pedagógicas, deberá sujetarse a lo dispuesto en los pliegos o bien renegociar con la empresa que los gestionará y pagarle aún más.

 

20

Se profundiza el proceso de
mercantilización de la educación pública

El instrumento PPP busca maquillar el déficit fiscal, garantizando el lucro empresarial. Se instala así el pre- dominio de una lógica eficientista en el sector público, y en un sector tan sensible como la educación. Con la PPP, el cumplimiento de una obligación pública (lógica del bien común) pasa a depender de intereses económicos privados (lógica del lucro).

 

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